En el mundo de los seguros de salud privada, existía una exención sobre el Impuesto Sobre Primas de Seguros. Este impuesto sería el IVA de este sector. En esta nueva situación, el Gobierno pretende incorporarlo y que lo paguen las aseguradoras.
Aproximadamente el 25% de la población española posee un seguro de salud privado, en cifras, hay 12,5 millones de personas que poseen doble aseguramiento y verán incrementadas sus cuotas, ya que, por la lógica del mercado, se les trasladará el nuevo impuesto. Esta tasa es del 8%, lo que en teoría implicaría una recaudación para las arcas del Estado de 1.763 millones de €, según AIRef. Ante estos cambios y sus repercusiones, planteo algunas preguntas:
- ¿Por qué el 25% de la población tiene doble aseguramiento?, pues básicamente por unas listas de espera excesivas de una Sanidad Pública, por ejemplo, para una intervención quirúrgica la media se sitúa en 150 días. Un sistema ya de por sí saturado podría colapsar si el 72% de los 1,5 millones de personas de MUFACE que son usuarios de la sanidad privada pasan a la Pública de MUFACE.
- Uno de los problemas estructurales es la media de edad de los asegurados de MUFACE, ya que el 40% de los atendidos tienen más de 55 años, mostrando este colectivo a una siniestralidad más elevada, según datos de Adeslas.
- Esta nueva polémica con el impuesto surge como reacción por parte del Gobierno ante la negativa de las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV a renovar el servicio que prestaban a los trabajadores de MUFACE que el gobierno pagaba a 984€ por usuario, según IDIS. La nueva propuesta implicaba subir la prima un 17,12% alcanzando los 1. 160€ por individuo aproximadamente. Como comparación, el mismo servicio prestado por la Sanidad Pública nos cuesta unos 1.738€. Si la aplicación de esta nueva carga era un intento de presión para los entes aseguradores, la única que vemos clara es elevar la presión fiscal a los 12,5 millones de personas que tienen doble aseguramiento y que descongestionan parcialmente el sistema Público de salud. Según ASPE, con este modelo MUFACE permite ahorrar al estado unos 890 millones de €.
- El Gobierno quiere potenciar los acuerdos Público-Privado porque no son capaces de resolver la presión asistencial de los Hospitales Públicos con el modelo actual, lo cual es un contrasentido si mantiene una relación cordial con las partes.
La sanidad lógicamente no debería pagar impuestos por ser una palanca fundamental de Estado de Bienestar y dado que la Sanidad Privada solventa gran parte del problema derivado de la primera debería recibir en vez de amenazas, un trato adecuado. A día de hoy las espadas siguen en todos lo alto, esperemos que lleguen a un acuerdo por el bien de todos.
